Pronunciamiento

Frente a Problemática Socio-Ambiel Promovida por la Empresa Minera Águila Dorada en Comunidades Nativas Awajun-Provincia de San Ignacio Cajamarca

A la opinión Pública Local, Nacional e Internacional.

1.      Las Comunidades nativas de Naranjos (Dto. De San José de Lourdes) y Supayaku (Dto. De Huarango) ambas en la provincia de San Ignacio-Cajamarca desde hace 4 años vienen atravesando problemas sociales-ambientales por la presencia de la Empresa Minera Águila Dorada, (problemática que ha sido identificada por la Defensoría del Pueblo desde el año 2011.) la misma que sin considerar las comunidades nativas que serían impactadas directamente por su proyecto minero como son las  08 comunidades nativas de Supayaku,  no desarrollaron una política de comunicación ni respeto a dichas comunidades.

2.    Los dirigentes de la Comunidad Nativa de Supayaku y sus organizaciones representativas como ORFAC, junto    a las autoridades e instituciones de la provincia de San Ignacio han realizado una serie de gestiones y visitas a los Ministerios de Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros, Presidencia de la Republica, entre otros estamentos del Gobierno Central solicitando su intervención para dar una solución a este problema socio ambiental que cada día se viene agravando por la falta de un dialogo del Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Central.

Y sobre todo a prepotencia de la Empresa Minera Águila Dorada.

3.    El día lunes 11 de febrero del presente año, la Organización Central de las Comunidades nativas Awajun de Supayaku SOLICITARON a la Municipalidad Provincial de San Ignacio, su intervención, frente a la retención de una persona que había ingresado a su comunidad sin identificarse y sin ninguna coordinación con las autoridades nativas, presumiendo que se trataría de un trabajador de la empresa minera Águila Dorada.

4.     Frente a esta situación, de manera responsable y siempre en la búsqueda de soluciones pacíficas y dialogadas, se ha conformado una comisión de autoridades provinciales entre ellas : representante de la Fiscalía Provincial, Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Alcalde Provincial, representante del Vicariato San Javier del Marañón, Director de la Agencia Agraria entre otros, comisión que viajo el día martes por la madrugada hasta a la Comunidad Nativa de Supayaku para conocer este problema y buscar una solución pacífica.

5.        La Comisión de Autoridades de la provincia de San Ignacio, frente a la retención del ciudadano, invocó a los dirigentes y población de Supayaku mantener el respeto y la integridad física de la persona retenida, quien manifiesta llamarse Jaime Nuñez Fernández y ser funcionario de la Empresa Minera Águila Dorada manifestando también que viene recibiendo un buen trato, recibe  su alimentación y goza de una salud estable, invocando a que su empresa Águila Dorada busque e dialogo con las autoridades de Supayaku, para su pronto retorno.

6.        Las autoridades y el representante de la Fiscalía Provincial,  hemos sido testigos del buen estado del ciudadano retenido, como consta en el acta suscrita por las autoridades.

7.    Los dirigentes awajun de la Comunidad Nativa de Supayaku, quienes tienen además el respaldo de las comunidades nativas de Amazonas, frente a la solicitud e las autoridades provincia de San Ignacio de entregar al ciudadano  Jaime Núñez Fernández, funcionario de la Empresa Águila Dorada, manifestaron que están aptos a dialogar y entregar al ciudadano retenido a los representantes del Gobierno Central, previo al retiro de la maquinaria, de los equipos y personal que se ha instalado en la cabecera de la cuenca del Rio Chirinos en una zona boscosa de más de 78 mil has. De bosques naturales, en tanto que las aguas de dicho rio están siendo afectadas por los trabajos de la empresa Minera Águila Dorada, puesto que las aguas del Rio Chirinos son aprovechadas para uso doméstico por todas las comunidades de Supayaku que están aguas abajo, cuya problemática ya lo han explicado a las autoridades nacionales, sin que tengan ninguna respuesta, además de otras condiciones que harán llegar a las autoridades nacionales.

8.      Es importante recordar, que  el año 2012,  funcionarios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET) ingresaron  a realizar trabajos de exploración a la comunidad nativa de Supayaku sin ninguna coordinación ni respeto a la población awajun de Supayaku, los mismos que fueron retenidos; la oportuna intervención de este Gobierno Local, la Defensoría del Pueblo y autoridades de nuestra provincia, hizo que se diera una solución pacífica a esta retención, generándose una acta donde el Gobierno Central y el Ministerio de Energía y Minas analizaría esta problemática para darle una solución, sin que hasta la fecha se haya hecho algo al respecto, no obstante, las comunidades awajun y autoridades provinciales de San Ignacio, han insistido hasta la saciedad con documentos  y visitas a los Ministerios y autoridades del Gobierno Central pero lamentablemente hasta la fecha no se han pronunciado ni han dado una solución al problema.

9.     El Gobierno Local ratifica, una posición de defensa del medio ambiente y las cabeceras de cuenca, de donde nacen las aguas para nuestras poblaciones como es el caso de las comunidades awajun, y en circunstancias que nuestro país vergonzosamente ocupa el puesto 110 de 118 países sobre su desempeño ambiental, mientras que este Gobierno Local, no obstante contar con exiguos recursos económicos, hemos creado un Fondo de Protección de Cuencas para proteger bosques que brindan agua para la Central Hidroeléctrica de “Quanda” y los bosques de “Botijas” que proveen de agua a mas de 18 mil habitantes de la ciudad de San Ignacio, proyecto ambiental que es un ejemplo único en el Perú y Latinoamérica.

10.      Igualmente expresamos nuestra preocupación por la desinformación de algunos medios de prensa nacional que nos acusan de “antimineros”, por lo que rechazamos esta calificación, más bien somos una provincia que promueve el respeto, el dialogo, y el desarrollo humano sostenible.

11.   Exigimos la inmediata presencia de las autoridades del Gobierno Nacional, sugiriendo la conformación de una Comisión de Alto Nivel donde estén la Unidad de Conflictos de la PCM, Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo y llamamos a los Congresistas de la Región Cajamarca  a promover la conformación de esta Comisión de Alto Nivel, para buscar una solución pacífica y dialogada a esta nueva situación de conflicto en la población awajun en la provincia de San Ignacio,  y terminar con los enfrentamiento entre hermanos nativos, y sobre todo, evitar la violencia como método para solucionar los problemas sociales.

                San Ignacio, 11 de febrero de 2014

                Lic. Carlos Martínez Solano-Alcalde Provincial

Perú: Reconocen necesidad de fortalecer autoidentificación étnica para el Censo 2017

Fotos: Vlad Dumitrescu /Servindi

Saber quiénes y cuántos somos los que nos autoidentificamos como parte de un pueblo indígena u originario, es vital para impulsar políticas públicas que tengan como fin resolver la situación de inequidad y exclusión en la que nos hemos visto por siglos.

Esta fue una de las principales ideas que se compartieron el pasado 16 de agosto en el Conversatorio “Identidad y Autoidentificación Étnica” que se desarrolló en el marco de las Jornadas sobre Comunicación Intercultural y Democracia.

El mismo contó con la participación mayoritaria de cerca de un centenar de comunicadoras y comunicadores indígenas de 17 regiones del país y público especialmente interesado en el tema.

Fueron parte de la mesa, Reinaldo Trujillo, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Martín Benavides, del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE); y Gladis Vila, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Esta última institución junto a Servicios en Comunicación Intercultural Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), estuvieron a cargo de la organización de las jornadas.

El encuentro, entre otros puntos, cuestionó el sistema educativo que obliga a la población a abandonar su lengua originaria.

Visibilizar las diferencias para emprender políticas públicas

Martín Benavides remarcó que Perú es uno de los países con mayor retraso en la incorporación de estadísticas en la región y que esto se ha debido a que no hemos tenido gobiernos que promuevan la visibilidad de los grupos étnicos, tanto por razones políticas como ideológicas.

Indicó que se ha puesto más énfasis en la existencia de una ciudadanía universal sin considerar la existencia de grupos excluidos en la misma.

“En la medida en que no podamos hacer visibles esas diferencias nunca podremos aspirar a una sociedad que promueva efectivamente una ciudadanía donde todos van a tener una igualdad de trato ante la ley en todo sentido”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que para los próximos censos o encuestas nacionales deben cumplir con dos requisitos importantes. Uno de estos es validar preguntas que permitan a todo aquel que quiera reconocerse como indígena u originario, hacerlo sin dificultades.

La otra, es que el censo debe apuntar a identificar a la mayor proporción de población indígena, esto sin necesidad de llegar a inflar las cifras.

Para trabajar estos aspectos justamente se creó el mes de julio el Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad que tiene por finalidad elaborar una propuesta metodológica para identificar a la población indígena y afroperuana en la perspectiva de construir un Sistema de Estadísticas Étnicas en el Perú.

El representante de GRADE indicó que en adelante hay un trabajo que desarrollar a nivel político y cultural así como de una estrategia de capacitación y difusión de la problemática étnica.

Falta de presupuesto anularía pregunta sobre autoidentificación

Reinaldo Trujillo, de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI, afirmó que la falta de presupuesto por parte del Estado hace difícil la inclusión  de preguntas sobre autoidentificación en los censos nacionales.

Explicó que capacitar a los empadronadores en este tema (autoidentificación) toma un tiempo considerable y que para los censos nacionales que cargan una mayor complejidad disponen de un tiempo bastante corto.

Algo que, según él, no pasa con las encuestas de hogares que consideran hasta diez días para la capacitación de los empadronadores.

El representante de GRADE observó este argumento. Indicó así que para el siguiente censo “no puede haber una razón de presupuesto para no incluir una pregunta adicional que nos permita capturar de la mejor manera al conjunto de la población indígena del país”.

Trujillo Hidalgo recordó el caso del IV Censo Nacional Agropecuario 2012 y el del Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda IV Etapa 2013. Ambas incluyeron preguntas sobre el idioma o lengua con el que  los entrevistados aprendieron a hablar en su niñez.

Sin embargo, ninguno de ellos contó con preguntas sobre autoidentificación.

Sostuvo, además, que su institución sí está preocupada por encontrar las preguntas adecuadas para captar de forma correcta el real número de población indígena en nuestro país.

Explicó que el Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad tiene como tarea proponer preguntas que “permitan captar de un manera más correcta y objetiva la parte étnica y presentarlo como propuesta para su incorporación para el Censo 2017″.

Trabajar con miras al Censo del 2017

“Necesitamos involucrarnos en los censos, de estos dependen las políticas públicas”. Con estas palabras Gladis Vila, presidenta de la ONAMIAP, destacó la importancia que tiene que los pueblos y comunidades participen de cerca en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.

Destacó que la necesidad de que se hagan estos cálculos tiene su sustento en la exclusión y pobreza estructural, histórica y sistemática que sufren los pueblos indígenas.

Recalcó que la población indígena debe dejar de ser vista como “objetos de protección” para pasar a ser “sujetos de derechos”.

En esa lógica, indicó que los indígenas son motivo de burlas en diferentes escenarios, como es el caso de los medios de comunicación. Indicó así que cuando se trata de burlarse sí se les da espacio pero cuando se trata de hablar de sus derechos éste se le niega.

Vila Pihue sostuvo también que el tener información sobre la población originaria permitirá promover la reforma de un sistema estadístico nacional con enfoque pluricultural, con instrumentos específicos para la vida colectiva en comunidades y pueblos indígenas.

Sobre el trabajo del INEI, muchas veces cuetionado, se debe promover la capacitación de funcionarios estadísticos para interiorizar los conocimientos de las cosmovisiones indígenas, recoger sus aportes y eliminar prejuicios y estereotipos étnicos.

Asimismo, desarrollar campañas de difusión de las recomendaciones internacionales y de los temas priorizados respecto a auto-identificación étnica encaminados al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.

Los comunicadores indígenas

Vila Pihue reconoció el papel de los comunicadores indígenas que dan cuenta de la realidad de sus pueblos y comunidades y los exhortó a sensibilizar “a qué nos referimos cuando hablamos de pueblos indígenas”.

Afirmó así que es necesario establecer alianzas con los comunicadores con la finalidad de hacer campañas de sensibilización sobre la importancia de la autoidentificación.

Pidió a los comunicadores también trabajar en revertir la visión equivocada que han proyectado los medios masivos de comunicación sobre los pueblos indígenas.

Durante las intervenciones del público, en su gran mayoría comunicadores, un punto bastante cuestionado fue la seriedad con que el INEI recoge información en las comunidades.

Ellos sostuvieron que muchas veces los empadronadores no son gente de sus comunidades. Muchos de ellos no dominan la lengua de los entrevistados, desconoce la cosmovisión de los pueblos e incluso, en algunos casos, no llegan a las zonas más alejadas.

 

 

 

Perú: Redcip demanda al Estado normativa especial para fomento de radio y TV comunitaria

Foto: Vlad Dumitrescu / Servindi

- Piden también se investiguen las acciones de intimidación y persecución, así como las acciones de índole judicial que pesan sobre comunicadores indígenas.

Servindi, 20 de agosto, 2013.- Con el pedido al Estado de creación de un marco normativo promocional especial para el fomento de la radio y televisión comunitaria, concluyó el Tercer Encuentro Nacional de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), que se llevó a cabo en Lima.

El encuentro, celebrado el 17 de agosto, culminó con la elaboración de la Declaración de Lima, que tiene por lema “Por el Derecho a la Comunicación en el marco de la Libre Determinación de nuestros Pueblos”.

El evento se desarrolló en el marco de las Jornadas sobre Comunicación Intercultural y Democracia y contó con la participación de comunicadores y comunicadoras provenientes de 17 regiones del país.

Tras analizar, debatir y deliberar los asuntos que atañen a los pueblos y comunidades indígenas y medios de comunicación en el Perú, ellos reafirmaron su compromiso de impulsar, visibilizar y fortalecer los proyectos de comunicación comunitaria en sus territorios.

Demandas

Los comunicadores reunidos en la capital exigieron que el Estado cumpla con hacer efectivo el goce de los derechos colectivos que asisten a los pueblos indígenas, en particular el derecho a la comunicación de los pueblos y comunidades originarios.

Ello a fin de afirmar sus propias identidades culturales, cosmovisiones y propuestas políticas.

En ese sentido, ante la falta de voluntad de parte del Estado para promover las radios comunitarias demandan la creación de un marco normativo promocional especial para su fomento.

Remarcaron al respecto que la Ley de Radio y Televisión reconoce la modalidad de radios comunitarias y que en todo el país solo existe una radio comunitaria reconocida legalmente.

Por ello solicitan se brinden facilidades, se simplifiquen los requisitos y se descentralicen los procedimientos para el reconocimiento de las radios comunitarias las cuales deben basarse fundamentalmente en la licencia social otorgada por las comunidades a las cuales sirve.

Compartimos a continuación el contenido del documento:

Tercer Encuentro Nacional de Comunicadores y Comunicadores Indígenas del Perú

Declaración de Lima

“Por el Derecho a la Comunicación en el marco de la Libre Determinación de nuestros Pueblos”

Los comunicadores, comunicadoras, periodistas, reporteros y corresponsales indígenas de las comunidades y pueblos originarios del Perú, provenientes de las regiones de: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima (provincias), Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, reunidos en la ciudad de Lima los días 15, 16 y 17 de agosto, en el marco de las “Jornadas de Comunicación Intercultural y Democracia”; luego de analizar, debatir y deliberar los asuntos que atañen a nuestros pueblos y comunidades indígenas y medios de comunicación en el Perú, hemos llegado a los siguientes acuerdos:

Informe sobre institucionalidad sustenta necesidad de partipación de pueblos indígenas

Servindi, 12 de agosto, 2013.- Noticias Aliadas lanzó una nueva edición de su informe especial mensual esta vez dedicado al importante tema de la institucionalidad pública sobre pueblos indígenas, con artículos referidos a centro y suramérica, y que puede ser descargado libremente. Reproducimos el artículo principal que reseña lo principal del tema y a continuación los artículos con sus enlaces respectivos:

Por una institucionalidad pública con participación efectiva de pueblos indígenas

Los pueblos indígenas demandan una institucionalidad estatal que permita su participación efectiva en la toma de decisiones para la creación de políticas públicas que garanticen sus derechos.

Catorce países de América Latina han ratificado el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, se han comprometido a adecuar sus legislaciones nacionales al cumplimiento de esta norma internacional, que en su artículo 2 establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, acciones sistemáticas y coordinadas para proteger sus derechos e integridad.

La institucionalidad que demandan los pueblos indígenas debe responder también al artículo 33 del Convenio 169 que indica que los gobiernos deben asegurarse que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a estos pueblos y que cuenten con los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

En cumplimiento de ello, los gobiernos han creado distintas instancias encargadas de abordar asuntos relacionados con pueblos indígenas pero en la mayoría de los casos fueron creadas sin consultar a los pueblos mismos, no gozan de una real representatividad indígena, no tienen poder de decisión o sus competencias son limitadas, ni cuentan con presupuesto adecuado. Y si se trata de políticas públicas, no son interculturales, ni los incluyen.

Es larga la historia de abandono por parte del Estado, de ahí que los pueblos indígenas exijan una serie de condiciones para garantizar la creación de una institucionalidad estatal adecuada que permita realmente el cumplimiento y la realización de sus derechos.

Entre las condiciones mínimas para una institucionalidad estatal indígena adecuada están:

Relator ONU: Se requieren “nuevos modelos extractivos” compatibles con derechos de PP.II.

Relator ONU sostiene que se requieren modelos “diferentes del hasta ahora predominante” en informe sobre industrias extractivas y los pueblos indígenas.

Servindi, 11 de agosto, 2013.- Luego de un largo proceso de examinar la actividad de las industrias extractivas y su impacto en los pueblos indígenas en diversas partes del mundo y escuchar las opiniones de gobiernos, empresas y representantes indígenas el Relator Especial James Anaya hizo público su informe sobre el tema con importantes conclusiones.

Se trata del informe: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas que presentará el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2013.

Una de las principales conclusiones del informe es que se requieren modelos de extracción de los recursos “diferentes del modelo hasta ahora predominante” para que la extracción de recursos en territorios indígenas “se lleve a cabo de forma compatible con sus derechos”.

El informe se sustenta en informes anteriores, visitas a países, seminarios y numerosos aportes recibidos y estudios independientes.

Cabe destacar que el informe advierte que no aborda los problemas y las normas de derechos humanos particulares de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, que por su situación de vulnerabilidad requiere un manejo distinto frente a las industrias extractivas.

Ante el desafío global que significan las industrias extractivas el Relator Especial plantea un conjunto sistemático de observaciones y recomendaciones respecto a los modelos de desarrollo de recursos naturales a fin de resguardar los derechos de los pueblos indígenas.

Entre ellas formula aportes concernientes a las obligaciones de los estados, las responsabilidades de las empresas, los procesos de consulta, y la aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado.

El Relator Especial invitó a los diversos actores a sostener un amplio diálogo sobre el informe y sus recomendaciones. Para este fin realizará un seminario electrónico a través de su sitio web y un dialogo interactivo que se realizará en setiembre, en Ginebra, cuando presente el informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

Un modelo con “control indígena de las operaciones”

El informe plantea que un modelo preferido para la extracción de los recursos naturales en territorios indígenas “consiste en que los propios pueblos indígenas controlen las operaciones de extracción mediante sus propias iniciativas y empresas”.

“Los pueblos indígenas pueden establecer asociaciones con compañías no indígenas responsables, con experiencia y bien financiadas para crear y gestionar sus propias empresas extractivas”, indica el documento.

El Café en San Ignacio

La Municipalidad Ecológica de San Ignacio, está apoyando en la tecnificación del cafe.

ENCUENTRO BINACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SHUAR-­‐AWAJÚN-­‐ WAMPIS DE ECUADOR Y PERÚ

EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS, CONTRA LA MINERÍA DE FRONTERA

Con la presencia de cientos de participantes de los pueblos originarios Shuar, Awajún y Wampis del Norte del Perú y Sur del Ecuador, los días 5 y 6 de Julio, se desarrolló en la Parroquia Bomboiza, Provincia de Morona Santiago, Ecuador, el Encuentro Binacional en Defensa de los Territorios contra la Minería de Frontera. 

Al Encuentro asistieron dirigentes y autoridades de las principales organizaciones de los pueblos originarios del Ecuador, como la Ecuarunari la CONAIE, la COFENIAE, el Prefecto de Zamora Chinchipe, el Alcalde del Cantón Limón y los Pueblos del Sur. Así como dirigentes y Apus de las comunidades nativas del Cajamarca y Amazonas del Perú, como ORFAC, ORASI, Apus de la Comunidad Nativa de Supayacu, Alcalde y Apus de C.P. Pampaentsa y la Oficina Regional para el Desarrollo de Comunidades Nativas, Campesinas y Rondas del Gobierno Regional de Cajamarca y la Oficina de Enlace de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio. 

El evento inició con el saludo de las distintas delegaciones y dirigentes y con algunas exposiciones sobre minería, territorio, derechos y organización, a cargo de representantes de las organizaciones asistentes. Se llevó a cabo un trabajo en grupos que culminó con la firma de un acta de compromiso. 

Los principales acuerdos, suscritos en la Declaración de Bomboiza fueron: 

• Fortalecer y exigir a los gobiernos los procesos de autonomía territorial, organizativa, política y de libre autodeterminación de los pueblos, acordes a nuestra cosmovisión y formas de vida ancestral. 

• Concebir nuestro territorio sin límites, desde la unidad y hermandad de las naciones originarias. 

• No permitir que proyectos de empresas petroleras, mineras, madereras e hidroeléctricas ingresen a nuestros territorios. 

• Exigir a los gobiernos de Perú y Ecuador que reciban a una Comisión Binacional de Pueblos Fronterizos donde podamos expresar nuestras demandas. 

• Declararnos en RESISTENCIA permanente en oposición al extractivismo irresponsable, inconsulto, ilegal, que atenta contra toda forma de vida en nuestra región y en pro de la plena vigencia de nuestros derechos. 

• Demandar a los Estados por los daños que está causando su política extractiva y el ingreso de las empresas nacionales y trasnacionales. 

• Visibilizar ante el mundo la situación de los pueblos y nacionalidades indígenas y comunidades mestizas. 

• Conformar una Mancomunidad Binacional que borre las fronteras, que integre las naciones originarias del territorio amazónico. 

• Conformar una Comisión Binacional de incidencia política y jurídica frente a las amenazas a los territorios amazónicos a causa del modelo extractivista. 

• Respetar la constitución y hacer respetar los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y del ambiente ratificados por ambos países.