33 muertos: 20 policías y 19 civiles. 1 desaparecido. A días de
cumplirse 5 años de esta masacre de peruanos recién ha empezado el
juicio. Hay 53 procesados. Ningún político, pese a su flagrante
responsabilidad. Un día antes del día de muerte, el 4 de junio de 2009,
los nativos habían acordado desalojar, finalmente, la carretera que
llevaban bloqueada hacía 2 meses. Dos meses a los que precedieron muchos
otros meses de continuos reclamos por distintas vías institucionales
sin ser oídos. Ni por el gobierno, ni por los medios de la capital.
Pero tras 2 meses de tensión social y de haber conseguido algo de
presencia en medios, en una tregua de dialogo con el gobierno los
nativos se comprometieron a abandonar la vía en la mañana del 5 de
Junio. Pero inexplicablemente, casi al alba, el gobierno decidió
emboscar a los nativos que se disponían a partir y ordenó el desalojo
policial con municiones y lacrimógenas. Una arremetida violenta que tomó
por sorpresa a los nativos que estaban preparando la retirada como
acordado.
Cuando Santiago Manuin, emblemático líder nativo vio policías trepar
colina arriba de la llamada Curva del Diablo en la carretera y escuchó
los disparos desde los helicópteros, se dirigió hasta donde estaban los
policías para pedirles que se detuvieran. Ocho impactos de bala es lo
que recibió como toda respuesta (http://goo.gl/kzost3).
8 impactos de bala que lo derribaron sangrando profusamente.
Los
nativos lo creyeron muerto, asesinado cuando buscaba detener la
arremetida violenta que en ese momento no tenía razón de ser dado el
acuerdo y dado que los nativos lejos de empuñar sus lanzas, se
preparaban para levantar sus pertenencias y liberar la ocupación como
acordado. La sangre de Manuin corrió, casi literalmente, derramándose
por toda la Curva donde sus hermanos tomaron la defensiva-ofensiva por
el líder que pensaron muerto. Esa misma sangre tomó forma de despachos
periodísticos en las radios de la capital y de Bagua donde se comunicó
la muerte de Manuin en mano de policías que los habían sorprendido en
retirada.
Y esa mañana que debió ser de restablecimiento del dialogo
tras la acordada retirada, se convirtió en el infierno que vimos todos
por televisión: lluvia de balas, confusión, ira, un operativo fallido,
improvisado, ordenado sin ningún rigor táctico, habiendo cambiando al
jefe policial que conocía el terreno y la situación. Pero sobre todo,
ordenado con total indolencia por la vida no solo de los peruanos
nativos, sino de los peruanos policías. Porque a kilómetros de esa curva
diabólica, en la Estación 6 de Petroperú, un grupo de policías
permanecía disminuido por un colectivo de nativos hacía dos meses.
Con
las noticias de la intervención policial violenta en la Curva y la
emboscada del gobierno, el colectivo se volvió turba y los policías
fueron ejecutados en venganza del líder que todos, medios y fines,
creían muerto.
Manuin, milagrosamente, sobrevivió. Aunque hasta hoy sufre secuelas
serias de salud. Pero increíblemente es uno de los acusados de matar
policías en la colina de la Curva. Él, el hombre que alzó las manos en
son de paz y que fue acribillado sin piedad. Por supuesto que eso no
justifica, legalmente, la violencia de los nativos contra los policías y
menos el asesinato de los policías de la Estación 6. De hecho, pienso
que más allá de los chivos expiatorios que hay entre esos 53 procesados,
los verdaderos autores materiales e intelectuales de la turba asesina
deberían tener la valentía y dignidad de tomar el banquillo que hoy
inocentes ocupan en este proceso. Pero lo mismo deberían hacer todos los
politicos involucrados en este malogrado operativo: Mercedes Cabanillas
como ministra del Interior que ordenó y fue responsable de la ejecución
de esa orden civil. El presidente García, que según testigos del
Consejo de Ministros, dio la orden a la ministra. Mercedes Araoz por
sembrar el pánico de un presunto riesgo de perder el TLC con USA si no
se aprobaban los decretos; Antero Flores, ministro de Defensa que
teniendo una base militar a solo minutos de la Estación 6, jamás
respondió con ayuda a los policías, los dejaron morir en manos de la
turba. Cuando Mercedes Cabanillas, luego de ordenar la ejecución del
desalojo violento, salió en prensa a decir que todo estaba bajo control,
sabía- como sabían todas las autoridades- que esos policías estaban
secuestrados, y entonces rodeados.
¿Qué autoridad manda una intervención
violenta contra un colectivo que tiene a los tuyos secuestrados y
desarmados? Una a la que no le importan por que no los siente suyos,
porque siente que son vidas de las que puede disponer y prescindir.
Lejos de auxiliarlos, los dejaron morir.
Esas autoridades deberían tener la valentía y nobleza de sentarse en
el banquillo a expiar sus culpas y reconocer la parte de responsabilidad
grave que les toca por haber cambiado para siempre el destino de 34
familias peruanas. Familias que hasta hoy no solo sufren la pérdida sino
también la injusticia de verlos impunes por su poder político. Pero
sepan que el fantasma de esas 33 almas los perseguirán al hasta el
último de sus días, en sueño y en vigilia, porque sus influencias en el
poder quizás logre que evadan la justicia pero jamás podrán librarse de
su culpa. Podrán seguir vistiendo sus trajes occidentales caros,
trabajando en lugares influyentes, siendo candidatos, congresistas o
hasta presidentes, pero cargarán con ello de por vida. Y sus hijos y
nietos sabrán que los peruanos los culpamos de una matanza innecesaria y
cruenta en la que lo que primó fue la codicia extractiva y lo que con
ella llega sola.
Primó el abuso y el desprecio de la ofensiva tesis del
¨perro del hortelano¨. Pero sepan que esa sangre no se borra. Que Bagua,
ahora y jamás se olvida. El Perú y sus fracturas necesita justicia. Hay
que acabar con #LaEspera.
Diario La República 30.05.14
