El 5 de junio de 2009 nuestro país vivió uno de los sucesos más
dolorosos de su historia reciente. Aquel día 33 peruanos fallecieron y
un policía desapareció como producto del conflicto social más grave que
el Perú ha tenido en la última década. Un hecho que, un lustro luego de
ocurrido, merece nuestra más absoluta condena y nos enfrenta a retos
pendientes que debieran ser asumidos por la sociedad peruana.
Recordemos: el conflicto tuvo su origen en la promulgación de un
paquete de decretos legislativos durante el segundo gobierno del
presidente García. Ellos obedecían al intento de adecuar la legislación
peruana al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ahora
bien, algunas de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo afectaban
directamente a las comunidades nativas y pueblos indígenas, y se
relacionaban con la toma final de decisiones sobre recursos ambientales.
Ninguna de esas disposiciones fue consultada con nuestros hermanos
amazónicos.
No sólo eso, el entonces presidente se amparó, para justificar la
dación de estos decretos, en una serie de artículos periodísticos bajo
el título de “El Perro del Hortelano”. En ellos la inversión privada era
sacralizada y se indicaba que cualquier persona que presentara
objeciones a la misma, debiera ser visto casi como un enemigo del país.
Los pueblos indígenas eran concebidos como comunidades ciudadanas de
segunda categoría que se hallaban manipuladas por grupos izquierdistas
transnacionales que influían inadecuadamente en su pensamiento.
Para agravar más aún la situación, se montó un operativo policial
que fue diseñado de la peor manera. Renunciando al diálogo, el Estado se
olvidó de buscar consensos y acuerdos para así lograr fortaleza y
legitimidad en la decisión adoptada. No podemos, de otra parte, dejar
de mencionar la inusitada violencia con la que respondieron los nativos
frente a la policía, lo cual condujo al asesinato de miembros de la
fuerza de orden y de civiles, actos que, evidentemente, deben ser
sancionados.
Actualmente se ha iniciado un juicio que comprende solo lo ocurrido
en la denominada “Curva del Diablo”, juicio que requiere de todas las
garantías para un debido proceso. Lo señalado implica, entre otras
cosas, el adecuado uso de intérpretes y traductores para una adecuada
comprensión del modo de ser y de actuar de nuestros pueblos amazónicos
sin que ello implique, claro está, una justificación de hechos
sancionados por la Ley ni la consagración del mito del “buen salvaje”.
Se requiere también que avancen los demás procesos, entre otros
aquellos que juzgan el asesinato de policías en la Estación 6, la muerte
de mestizos y nativos en Bagua, así como la desaparición del mayor
Felipe Bazán.
Ahora bien, las tareas pendientes, a un lustro de esos hechos,
exceden lo judicial. Si bien es cierto que este gobierno ha promulgado
una Ley de Consulta Previa, también resulta claro que su implementación
viene avanzando con relativa lentitud y no goza de los favores de un
importante sector del empresariado. En una triste secuela del discurso
del “Perro del Hortelano”, el gerente de una conocida empresa minera ha
señalado que “cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser
consultado”, evidenciando así el menosprecio que un sector de peruanos
tiene hacia el resto de sus compatriotas y el pobre entendimiento sobre
la consulta previa como un derecho fundamental de los integrantes de
los pueblos indígenas.
Finamente, si bien es verdad que el actual presidente ha visitado en
repetidas oportunidades las regiones amazónicas, no parece tener, sin
embargo, una política especial para la selva, ni en su gobierno se han
ejecutado medidas importantes para garantizar los derechos de las
comunidades nativas. Un gobernante que dice tener como principal bandera
la inclusión social debiera mirar con mayor atención a una región del
país tradicionalmente postergada e incomprendida desde la capital de la
República.
Diario La República 01.06.14
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